El 16 de noviembre de 1989 El Salvador se encontró con una noticia que, sin duda, hizo que el tiempo se detuviera al escucharla. Y no se trataba de una nota alentadora, sino una de las peores que se han percibido en la historia del país.
Se trataba de la muerte de los jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Quienes fueron brutalmente asesinados por el Batallón Atlacal en las instalaciones de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas. A los soldados no les basto con matar a los seis jesuitas, sino que de la misma manera terminaron con la vida de Elba, cocinera de los padres y su hija Celina de tan solo 15 años.
Este hecho conmovió al mundo y muchos pedían que se castigara sin piedad a los responsables de esta masacre. Encontrando como culpables a nueve militares a los cuales no fueron penados porque la ley de amnistía los protegía y así dejaron el caso en el olvido.
Después de veintidós años de este múltiple asesinato una organización no gubernamental española indignada por la clase de justicia que hay en El Salvador ha pedido la extradición de dichos militares. Esta petición ha traído muchos comentarios poniendo entre dicho el tipo de justicia del país más pequeño de Centroamérica.
Muchos políticos salvadoreños están en desacuerdo, ya que según ellos al darle la extradición a España estarían abriendo una herida del pasado que ya estaba cerrada y de la misma manera la justicia salvadoreña sería mal vista entre otros países.
Pero me pregunto ¿Cómo creen los políticos y funcionarios de gobierno que podemos mejorar en el país con una justicia tan manipulada?
Como hablan de expandir la paz entre los salvadoreños, cuando dejamos casos de asesinatos impunes. El papa Juan Pablo II decía que no puede haber paz sin equidad, verdad, justicia y solidaridad.
El pasado 30 de agosto, en el auditorio Ignacio Ellacuría de la UCA, se llevó a cabo una conferencia sobre el proceso que ha seguido el caso jesuita, y la posición que ha tomado del gobierno ante ello.
Entre los exponentes estaban el ex–rector José María Tojeira, Andreu Oliva, actual rector y Benjamín Cuéllar director de Derechos Humanos (IDHUCA), quienes dieron puntos de vista muy interesantes.
El padre Tojeira decía que en una de las investigaciones se descubrió que días antes de la entrega voluntaria de los abnegados coroneles pasaron sus bienes a nombre de familiares cercanos. También nos habló de la demanda contra la Fuerza Armada que se dio en el 2000 y que ahora fue rechazada. Sin dejar atrás los puntos de vista sobre la amnistía que ha sido como una excusa para que los gobiernos se hagan del ojo pacho y así se retrase la resolución sobre este caso. Si ya pasaron veintidós años cuanto más se necesita para que se haga justicia.
Es inaceptable que el gobierno salvadoreño culpe a los parientes de los sacerdotes por no haber procedido en el momento de los hechos. No sé porque se buscan culpables cuando ya se tienen.
Por otra parte Andreu Oliva mencionó la mediocre participación de la Corte Suprema de Justicia que solo localizó a los implicados y no procedió a más. Entonces de que nos sirve decir quienes fueron si no se le hace nada. ¿Por qué tiene miedo el gobierno que se haga justicia en el caso de los jesuitas?
También Oliva explicó que la interpol dio alerta roja que significaba la captura y proceso de extradición de los militares, pero lamentablemente en nuestro país fue reconocida como amarilla por la cual la PNC no pudo proceder a dicho arresto. El gobierno no ha ayudado para que se resuelva esta problemática. El presidente Mauricio Funes se ha mostrado indiferente frente a lo que está sucediendo, acción que enoja e indigna a la UCA.
Y como última intervención estaba la perspectiva de Benjamín Cuéllar, quien dice que mientras se gire base a intereses no se va llegar a una resolución y va quedar como hace 22 años cuando ocurrió el horroroso crimen y que por la ley de amnistía como excusa fue quedando en el olvido como si nada hubiese pasado. Cuéllar nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Él pone a Ellacuría como un ejemplo de promotor de justicia, pero lo triste es que los salvadoreños no hacemos nada para cambiar la impunidad y la corrupción.
Casos como la muerte de los jesuitas y el cobarde asesinato de Monseñor Romero son sucesos que no podemos ocultar y mucho menos dejar impune, no es justo para la memoria de estos hombres que arriesgaron su vida por buscar el bien común de todo un pueblo. La muerte de cada uno de ellos debería de ser ejemplo para cambiar, pero sin dudad no lo es.
"Hasta cuando seguiremos invadidos por un ambiente de corrupción e impunidad".
fuentes consultadas

Es lo que necesitamos realmente JUSTICIA... para poder tener un buen futuro hay que enmendar nuestro errores del pasado
ResponderEliminaruna muy buena critica..!! que se haga justicia al fin!!
ResponderEliminar